Enfoquemos nuestra indignación

Durante dos semestres tuve la oportunidad de ser profesor en el sistema de las cárceles en Puerto Rico. Enseñé historia de Puerto Rico e introducción a los géneros literarios. Esa experiencia me demostró de manera muy directa la realidad de un proceso de rehabilitación cuando se proveen las condiciones adecuadas y se empieza por la base de esas condiciones adecuadas, que es el trato humano a las personas privadas de libertad.

Puerto Rico ha sido un país de vanguardia en el tema de la corrección. Abolimos y posteriormente prohibimos constitucionalmente la pena de muerte. Nuestra constitución dispone un sistema de corrección cuyo objetivo fundamental es la rehabilitación, como debe ser. Seguimos una política de libertad bajo palabra que forma parte de esa política de rehabilitación. 

Incluso se ha reconocido el derecho al voto de las personas privadas de libertad, porque entendemos que las personas privadas de libertad no son parias y no quedan ajenos a la sociedad por el hecho de estar privadas de libertad. El reconocerle derechos ciudadanos es parte de ese proceso de rehabilitación y de prepararnos para acogerlos una vez se complete ese proceso de rehabilitación.

Todas y todos en Puerto Rico estamos indignados con el caso de Hermes Ávila. La primera consecuencia de la negligencia y los errores de los funcionarios de corrección, y de la empresa privada Physician Correctional, es la pérdida de una vida. Esa es la primera consecuencia que tenemos que lamentar y la consecuencia más terrible.

Pero hay una segunda consecuencia que yo quiero mencionar: nuestra indignación ante esta situación ha provocado también el reflorecimiento de algunos prejuicios muy antiguos que no ayudan a una política de corrección efectiva y sana. Ha llevado también a cuestionar algunas políticas o algunos programas que no son la causa de la negligencia, ni de los errores que se han cometido.

Como el señor Ávila violó y burló unas disposiciones, entonces algunas personas sugieren que todas las personas que se han beneficiado de esas disposiciones, también han recibido esos beneficios de manera injusta. Incluso se plantea la eliminación de los programas que permitieron la salida de este señor debido a los errores que se cometieron.

Como (correctamente) nos preocupan ciertos crímenes y delitos, entonces se adopta la política de eliminar la posibilidad de que las personas convictas por esos delitos accedan a la libertad bajo palabra. Existe una junta de libertad bajo palabra y la junta de libertad bajo palabra no debe dejar que salga a la calle una persona que no está rehabilitada o una persona que todavía es un peligro para la comunidad. Pero si se determina que está rehabilitada y que no es un peligro para la comunidad, entonces ¿por qué mantenerla encarcelada?

Una razón sería que pensamos que algunas personas por definición no son rehabilitables, algo que creo que no debemos aceptar. O que ya el objetivo de nuestro sistema carcelario no es la rehabilitación, algo que tampoco debemos aceptar.

Hemos visto incluso programas de televisión en los que se lamenta que los presos tengan giras o tengan actividades de entretenimiento, casi invitando a que la cárcel se convierta en un sistema de tortura, o en un sistema de maltrato.

Nosotros estamos tan indignados como todo el mundo con la situación en el caso de Hermes Ávila. He señalado las deficiencias de la actual Secretaria de Corrección, empezando por el hecho de que le delega una decisión tan importante como liberar a un prisionero a otro funcionario. Y veremos las razones y las explicaciones que da Physical Correctional en las vistas del jueves que viene.

Esa indignación es fundamental. Tenemos que averiguar quién cometió los errores y quién cometió las faltas aquí, pero no permitamos que esa indignación nos ciegue, y nos lleve a abandonar políticas y disposiciones que son justas y que son necesarias.

Muchas gracias.